La persecución del maltrato animal es competencia de todas las policías

[caption id="attachment_2246" align="alignleft" width="594"] Fuente: Diario Tribuna[/caption]

Ante la reciente aparición de una sorprendente noticia en el diario digital de Tribuna, de un presunto delito de maltrato de animales de compañía en el que agentes de la Policía Nacional les permitió detectar el cadáver de un galgo en Fuensaldaña (Valladolid) que malvivían en condiciones deplorables con otros galgos y que resultaron después ser denunciados, consideramos oportuno trasladar el marco jurídico actual relativo a las competencias policiales en materia de persecución de este tipo de delitos.

La L.O. 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su art. 11 1.b) establece que una de las funciones genéricas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad consiste en auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa así como prevenir la comisión de actos delictivos.

Esta labor es ejercida en los ámbitos urbanos por la Policía Nacional y en el resto del Estado por la Guardia Civil regulándose que “En todo caso de actuación fuera de su ámbito territorial, los miembros de cada Cuerpo deberán dar cuenta al otro de las mismas”. (Art. 11.3)

En materia de competencias específicas la Guardia Civil, según el art. 12 1 B e) se establece la de “Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza”  labor que se realiza a través de unidades especializadas como el Servicio de Protección de la Naturaleza, es decir como policía judicial y administrativa que ejerce el control del cumplimiento de las disposiciones de protección de la naturaleza. No obstante, como la normativa en vigor reconoce, las infracciones penales son perseguibles por todas las fuerzas de seguridad ya sea del Estado, autonómicas o locales.

Por otra parte, también es conocido que esta Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene asignadas importantes competencias normativas sobre la caza, pesca, espacios naturales y especies protegidas, gestión forestal, incendios, vertidos y residuos ilegales, etc. reguladas y sancionadas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y cuya vigilancia está encomendada al Cuerpo de Agentes Medioambientales destacando la vigilancia de la protección sobre los animales de compañía regulados por Ley 5/97, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía como norma marco que regula diferentes aspectos relacionados con la protección de los animales domésticos y que nos afecta directamente como Asociación Protectora de Animales.

Por todo ello, la persecución de aquellos delitos conexos con las infracciones en materia medioambiental y de la fauna y flora, como puede ser el delito de maltrato animal tipificado en el artículo 337 y 337 bis del Código Penal es, perseguida por la Policía Judicial que ostenta la capacidad territorial y funcional competente, sin perjuicio de la competencia genérica de todos los miembros que integran la Policía Judicial como se establece en el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Es por esta razón que, las competencias que ostentan los agentes medioambientales de Castilla y León así como cualquier agente de la Policía Judicial que tenga conocimiento de la comisión de una infracción penal relacionada con el maltrato animal le obliga a intervenir aunque no ostente la competencia especial en la persecución de las infracciones administrativas medioambientales porque de lo contrario podría incurrir en un presunto delito de omisión de la persecución de los delitos tipificado en el artículo 408 del Código Penal.

Es decir, si un agente de la policía local,  policía nacional o agente medioambiental, tiene conocimiento de la comisión de un delito de maltrato animal, aunque no ostente la competencia específica en este tipo de infracciones, tiene la obligación de intervenir para evitar la comisión del delito, rescatar los animales en peligro y ponerlos a disposición de las asociaciones protectoras de animales dando cuenta de ello a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a través del conducto correspondiente.

Otra forma de entender esta obligación legal supone desconocer el ordenamiento jurídico vigente perjudicando seriamente la labor de protección de la naturaleza.

Autor: Adolfo de la Torre

[caption id="attachment_2248" align="alignright" width="530"] Fuente: Diario Tribuna[/caption]

 

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